La corporación Red PaPaz y su Centro de Internet Seguro, Viguías, han alzado la voz para manifestar su profunda preocupación frente al proyecto de decreto presentado recientemente por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Según la organización, la normativa propuesta deja la seguridad de niñas, niños y adolescentes al libre arbitrio y “buena fe” de las gigantes plataformas digitales.
El centro de la polémica radica en que el borrador del decreto apuesta por un modelo de autorregulación voluntaria. Es decir, no establece obligaciones vinculantes, lineamientos técnicos ni mecanismos de verificación claros para las empresas tecnológicas. Al elegir este camino, aseguran los expertos, el Estado colombiano ignora que muchos de los riesgos a los que se exponen los menores derivan directamente del diseño algorítmico y comercial de dichas plataformas, trasladando la carga de cuidado exclusivamente a las familias.
“El mundo entero está reaccionando frente a la evidencia contundente de que las plataformas se han lucrado enormemente al exponer a la niñez a múltiples riesgos y a la explotación de sus datos. Pero Colombia está decidiendo que el camino es confiar en que las empresas, ahora sí, los protejan sin verificación, sin auditoría, ni represalia alguna si incumplen”, afirmó Carolina Piñeros Ospina, Directora Ejecutiva de Red PaPaz.
Piñeros fue enfática al calificar este Decreto como “una bofetada a la niñez, a las familias y a los colegios”, argumentando que la medida parece priorizar los intereses particulares de las grandes empresas tecnológicas (Big Tech) por encima del cuidado de la infancia, en medio de una crisis de salud mental y situaciones de explotación sexual en el país.
Un retroceso frente a la Ley y el panorama global
La Ley 2489 establece como principio fundamental que la protección en línea es una responsabilidad compartida entre el Estado, la industria, las familias y la sociedad civil. No obstante, Red PaPaz advierte que este decreto borrador retrocede a un modelo de responsabilidad fragmentada.
Mientras Colombia opta por la autorregulación voluntaria —un modelo que ha demostrado ser ineficaz globalmente—, otras naciones avanzan con firmeza. Países como Australia, Brasil, el Reino Unido y los miembros de la Unión Europea ya cuentan con leyes estrictas que imponen a las empresas tecnológicas obligaciones claras, verificables y sujetas a sanciones en la creación de productos dirigidos a la niñez y adolescencia.
Cifras alarmantes: La realidad de las violencias digitales
Los datos que respaldan la urgencia de una regulación real son escalofriantes. En lo corrido de este 2026 (con corte a abril), el canal de denuncias Te Protejo Colombia ha recibido 14.148 reportes de violencias digitales contra menores de edad. De estas cifras se desprenden datos críticos:
- El 95% de los casos involucra a víctimas mujeres.
- El 48% de las víctimas son niñas y niños menores de 8 años.
- El abuso sexual infantil en línea continúa siendo la forma de violencia digital más reportada.
“Los algoritmos de Meta, TikTok y Google están diseñados para enganchar a las personas menores de edad. Están ganando billones de dólares con diseños que dañan la salud mental, autoestima y seguridad de nuestras hijas e hijos. Un Decreto de autorregulación voluntaria no los detiene. Es un incentivo para seguir igual”, advierte Cristina Escobar, Directora de Protección Infantil en Línea de Red PaPaz.
El llamado a la acción ciudadana
Ante este panorama, Red PaPaz ha habilitado una petición en línea (Firmar petición aquí) para movilizar a la ciudadanía y exigir una regulación con mecanismos reales de cumplimiento y transparencia.
La organización hace un llamado urgente al MinTIC para revisar colaborativamente el borrador del decreto junto a padres, cuidadores y la sociedad civil, exigiendo que se incluyan obligaciones claras para las empresas tecnológicas y represalias efectivas frente a posibles incumplimientos que pongan en riesgo a la niñez colombiana.
