La próxima elección presidencial no se trata únicamente de escoger un nombre, sino de decidir quién tiene la capacidad de sostener a Colombia durante cuatro años en medio de un Congreso fragmentado, una crisis de seguridad creciente y una ciudadanía agotada por la polarización.
Ese es el verdadero desafío del próximo gobierno. El Senado, conformado por 103 curules, exige al menos 52 respaldos para construir una mayoría funcional. Ningún candidato llegará con ese camino despejado. Iván Cepeda partiría con cerca de 27 curules del Pacto Histórico, además de 2 apoyos indígenas y sectores afines; Paloma Valencia tendría alrededor de 17 del Centro Democrático, con la posibilidad de sumar 3 respaldos de Salvación Nacional; mientras que Abelardo de la Espriella dependería casi por completo de acuerdos posteriores. La conclusión es clara: cualquiera que llegue a la Casa de Nariño deberá convencer, concertar y construir puentes.
Pero esa necesidad de gobernabilidad se vuelve aún más urgente frente al deterioro nacional. Para muchos, durante años, el mayor problema del país era la economía o el desempleo. Hoy la realidad demuestra otra cosa: la seguridad se convirtió en la principal angustia nacional. La percepción de control ha caído por encima del 80 %, la capacidad operativa de la Fuerza Pública se ha debilitado cerca de un 50 %, y las estructuras criminales han incrementado su poder territorial en alrededor de un 70 %, especialmente en regiones donde el Estado perdió presencia efectiva.
Gran parte de ese fortalecimiento ha ocurrido bajo la denominada PAZ TOTAL, política que, lejos de consolidar autoridad, abrió espacios que fueron aprovechados por organizaciones ilegales para ampliar control, reclutamiento y economías criminales. A ello se suma un factor que golpea silenciosamente al país: la confianza empresarial. El constante choque del Gobierno Petro con sectores productivos ha llevado a que muchos empresarios reconsideren su permanencia, frenen inversión o incluso trasladen capital y operaciones fuera de Colombia.
Por eso, la decisión del 31 de mayo debe ser consciente. Colombia necesita más que un ganador electoral: requiere un liderazgo capaz de unir al país, recuperar la autoridad del Estado y devolver seguridad a las regiones. Persistir en un modelo que ha profundizado la división, debilitado la confianza institucional, solo prolongaría una crisis que hoy ya afecta la economía, la inversión y la esperanza de millones de colombianos.
